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El juicio de Louise Michel: cuando el acusado juzga al tribunal

El proceso judicial contra la comunera Louise Michel en 1871 fue un escenario donde la acusada reivindicó la revolución y desafió la autoridad del Estado.
Un gato negro, con un gorro de cocinero, intentando desesperadamente meter una sardina en una jaula de canario. Representa: Juicio de Louise Michel

Un trámite llamado justicia

Cuando las armas callan y el humo de la batalla se disipa, empieza el trabajo de los administradores. En 1871, tras el aplastamiento de la Comuna de París durante la “Semaine Sanglante”, la recién inaugurada Tercera República tenía una pila de asuntos pendientes. Hacía falta limpiar, ordenar y, sobre todo, dejar meridianamente claro quién había ganado. Para eso están los tribunales, esos espacios pulcros donde la violencia se sublima en papeleo y sentencias. El objetivo era simple: procesar a los sobrevivientes de la insurrección para dar una lección inolvidable sobre las consecuencias de desafiar al poder constituido. Y entre los muchos nombres en la lista, uno brillaba con luz propia: Louise Michel.

Maestra de profesión, poeta por vocación y revolucionaria a tiempo completo, Michel no era una insurgente más. Era una figura central, una de esas personas que parecen estar en todos lados, arengando, organizando, combatiendo. Para el 6º Consejo de Guerra, ella representaba la encarnación misma de la Comuna. Los cargos eran una colección de grandes éxitos del código penal: intento de derrocar al gobierno, fomento de la guerra civil, uso de armas y uniforme militar, y falsificación de documentos. Un prontuario que, en la práctica, se resumía en una sola ofensa imperdonable: haber creído de verdad en la revolución y haber actuado en consecuencia. El juicio, por lo tanto, no era una investigación para descubrir la verdad —la verdad era bastante obvia— sino un ritual de purificación. Una ceremonia para demostrar que el Estado, como el dueño de la pelota, decide cuándo y cómo termina el partido.

La defensa como ataque frontal

El tribunal esperaba, seguramente, una escena predecible. Una acusada que negara los hechos, que suplicara piedad o que se quebrara bajo el peso de la ley. Louise Michel, sin embargo, había leído un guion diferente. Desde el primer momento, se negó a participar en la farsa de la defensa. No contrató abogado, porque consideraba que su único defensor era la propia Comuna. Cuando le tocó hablar, no se dedicó a rebatir las acusaciones; al contrario, las abrazó con un orgullo que debió resultar, como mínimo, desconcertante. “No quiero defenderme, no quiero ser defendida”, declaró, mirando a los jueces no como autoridades, sino como adversarios políticos. “Pertenezco por entero a la revolución social, y declaro aceptar la responsabilidad de todos mis actos”.

Esta postura transformó la dinámica del juicio. Dejó de ser un proceso del Estado contra un individuo para convertirse en un enfrentamiento de ideologías. Michel no estaba allí para salvar su pellejo, sino para dar un último testimonio. Cada pregunta del fiscal era una oportunidad para reafirmar sus convicciones. Reivindicó la lucha armada, la quema de edificios como una táctica desesperada y la justicia popular. Su momento cumbre llegó con una frase que la inmortalizaría: “Ya que parece que todo corazón que late por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo, exijo mi parte”. No pedía clemencia, pedía coherencia. Si iban a ejecutar a sus compañeros, ella, como una de ellos, no merecía menos. Puso al tribunal en una posición incómoda: la de tener que castigar a alguien que no solo no temía el castigo, sino que lo exigía como una cuestión de honor.

El veredicto: un exilio para la galería

Ante semejante despliegue de desafío, los jueces se encontraron en un aprieto. Ejecutarla, como ella misma parecía solicitar, la convertiría instantáneamente en una mártir. Absolverla era, por supuesto, impensable. Necesitaban una solución que la neutralizara sin glorificarla. La respuesta fue la deportación. La enviaron a Nueva Caledonia, una colonia penal en el Pacífico, a miles de kilómetros de distancia. Sobre el papel, era una condena dura: un exilio perpetuo en una tierra lejana y hostil. El objetivo era evidente: hacerla desaparecer del imaginario colectivo, que su nombre se perdiera en la distancia y el tiempo. Un intento de apagar su voz mandándola al fin del mundo.

Fue, sin duda, uno de los errores de cálculo más espectaculares de la época. En lugar de borrarla, el exilio la convirtió en leyenda. La imagen de la revolucionaria indomable, desterrada a una isla remota por su lealtad a la causa, era mucho más potente que la de una prisionera en una cárcel local. El Estado, en su intento por controlar la narrativa, le había regalado un final de película. La deportación no fue un castigo, fue la consagración de su figura. Mientras el barco se alejaba, Michel no dejaba atrás una derrota, sino el escenario de su mayor victoria simbólica. Había demostrado que el poder del Estado tenía un límite claro: no podía doblegar una convicción. Podían quitarle su libertad física, pero ella les había arrebatado la autoridad moral.

La incómoda verdad sobre el poder

El juicio a Louise Michel es una de esas verdades incómodas que la historia a veces nos tira en la cara. Nos revela que un sistema judicial no es necesariamente un instrumento de justicia, sino, con frecuencia, una herramienta para la consolidación del poder. El proceso no buscaba esclarecer hechos, sino ratificar una victoria militar. Era el auto del ganador pasando por encima del vencido para asegurarse de que no se levantara más. Lo que nadie en el poder anticipó es que la acusada se negara a asumir su rol de víctima. Michel entendió perfectamente que el juicio era un acto político, y respondió en los mismos términos.

Su desafío no fue un mero acto de rebeldía individual; fue una exposición magistral de las contradicciones del sistema que la juzgaba. Una república nacida de una revolución se apresuraba a castigar a los revolucionarios. Un Estado que se proclamaba defensor de la libertad encarcelaba a quienes la habían llevado a su máxima expresión. Michel, al aceptar y reivindicar sus actos, simplemente les devolvió el reflejo de su propia hipocresía. Les dijo: “Esto es lo que soy, y soy el producto de las mismas ideas que ustedes dicen defender”. La deportación, lejos de ser el fin, fue apenas un cambio de escenario. En Nueva Caledonia, Michel no se dedicó a lamentarse. Puso su pila al servicio de otra causa: apoyó la rebelión del pueblo kanak contra el colonialismo francés. Demostró una coherencia a prueba de balas y de exilios. El poder creyó que se había deshecho de un problema, pero solo le había dado un nuevo escenario para demostrar que su lucha no era por un lugar, sino por un principio. Y los principios, como bien sabía ella, no entienden de fronteras.