El Juicio de Bernhard Goetz: Justiciero o Paranoico
Un Viaje en Subte y Cinco Balas
Hay momentos que actúan como un catalizador, destapando las tensiones que una sociedad prefiere mantener bajo la alfombra. El 22 de diciembre de 1984 fue uno de esos momentos. En un vagón de subte, Bernhard Goetz, un técnico en electrónica con la paciencia agotada por crímenes pasados y una pila de frustraciones, se encontró con cuatro pibes. Según los relatos, uno de ellos, Troy Canty, se le acercó y le dijo: “Deme cinco dólares”. La respuesta de Goetz no fue verbal. Desenfundó un revólver calibre .38 que portaba sin licencia y disparó cinco veces, hiriendo a los cuatro jóvenes.
Lo que siguió fue un guion casi perfecto para el drama social. Goetz se esfumó de la escena, convirtiéndose en un fantasma buscado por la policía y aclamado por un segmento de la población. La prensa lo bautizó “El Vigilante del Subte”, una etiqueta romántica para alguien que acababa de disparar contra adolescentes en un transporte público. De repente, Goetz dejó de ser un individuo para convertirse en un símbolo. Para sus defensores, era la encarnación del ciudadano harto, el hombre común que decía “basta”. Para sus detractores, era la prueba viviente de cómo el miedo y el prejuicio racial podían encender una mecha de violencia irracional. La ciudad tenía un nuevo y controvertido héroe popular, y un enorme problema entre manos.
La Justicia Intenta Entender (y Falla)
El sistema judicial, llamado a poner orden en este caos de percepciones, inició su propio y vacilante camino. Goetz se entregó nueve días después del tiroteo, y la fiscalía se preparó para llevarlo ante un primer gran jurado en enero de 1985. Presentaron el caso, las pruebas, los testimonios. La decisión del jurado fue, por decirlo suavemente, una sorpresa para la acusación: solo encontraron mérito para imputarlo por tenencia ilegal de armas. Los cargos de intento de homicidio y asalto fueron desestimados. El mensaje parecía claro: un sector de la ciudadanía, representado en ese jurado, no veía a Goetz como un criminal, sino como alguien que se había defendido.
La indignación de grupos de derechos civiles y de buena parte de la opinión pública fue monumental. La oficina del fiscal de distrito, enfrentando una crisis de credibilidad, decidió que el primer intento no había sido suficiente. Con la aparición de “nuevas pruebas” —incluyendo declaraciones del propio Goetz en las que admitía haber disparado a uno de los jóvenes por segunda vez mientras yacía en el suelo—, se convocó a un segundo gran jurado. Esta vez, el resultado fue el deseado por la fiscalía: Goetz fue formalmente acusado de intento de homicidio y asalto. Un recordatorio de que en la justicia, como en tantas otras cosas, la perseverancia a veces rinde frutos inesperados.
El Eje del Debate: ¿Qué es “Razonable”?
El juicio penal de 1987 se convirtió en un seminario filosófico sobre una sola palabra: razonable. La defensa, brillantemente orquestada por el abogado Barry Slotnick, no negó los hechos. Goetz disparó. El punto era por qué. Construyeron una narrativa en la que su cliente no era un agresor, sino una víctima acorralada. Argumentaron que su miedo no era una fantasía paranoica, sino una respuesta lógica y previsible dadas sus experiencias previas de ser asaltado y la atmósfera de criminalidad de la época.
El nudo de la cuestión legal era si la creencia de Goetz de que estaba a punto de ser robado y agredido violentamente era objetivamente razonable para una persona en su situación. Y aquí es donde la ley demuestra su admirable flexibilidad. ¿Qué incluye “su situación”? ¿Solo los segundos previos al disparo, o también el peso de sus traumas pasados? La fiscalía insistió en que su reacción fue desproporcionada, un acto de un hombre que buscaba una excusa para usar su fierro. La defensa, en cambio, sostuvo que su miedo era el de un hombre cuerdo en un mundo que había perdido el juicio. El jurado debía decidir qué versión de la realidad era más convincente.
Un Veredicto para Cada Gusto
Finalmente, el jurado habló, y su veredicto resonó en todo el país. Bernhard Goetz fue absuelto de los cargos más serios, incluyendo intento de homicidio y asalto. Lo declararon culpable, sí, pero únicamente del cargo menor de posesión criminal de un arma. Un castigo simbólico. Para la ley penal, doce ciudadanos habían determinado que sus acciones, en esencia, estaban justificadas por la autodefensa. El “Vigilante del Subte” había ganado. Para muchos, se había hecho justicia. Para otros, el sistema había validado la violencia preventiva.
Pero el telón no cayó ahí. La belleza de los sistemas legales es que a menudo ofrecen segundas opiniones. En 1996, Darrell Cabey, quien había quedado paralizado y con daño cerebral a causa de los disparos, llevó a Goetz a un tribunal civil. En esta arena, los estándares son distintos. No se requiere probar algo “más allá de toda duda razonable”; basta con una “preponderancia de la evidencia”, es decir, que sea más probable que no. Y para este nuevo jurado, la balanza se inclinó decididamente hacia el otro lado.
El jurado civil encontró a Goetz responsable de las devastadoras heridas de Cabey y le ordenó pagar la módica suma de 43 millones de dólares. El mismo hombre, el mismo acto, dos veredictos judiciales que se leen como si provinieran de universos paralelos. En uno, un ciudadano razonable. En el otro, un agresor negligente que debía una fortuna. Goetz, previsiblemente, se declaró en bancarrota. Más que una lección sobre la culpa o la inocencia, el caso Goetz es el retrato de la capacidad del sistema para ofrecer la conclusión que cada público necesita oír, demostrando que la justicia, a veces, es solo una cuestión de perspectiva.
