Ejecución de Garantías sin Previo Aviso: El Final Anunciado
El Contrato: Ese Pacto de Fe (con Poca Fe)
Hay una verdad fundamental en el mundo del dinero que parece escaparse con una facilidad asombrosa: los contratos no son poemas. No están abiertos a la interpretación sentimental ni son una declaración de buenas intenciones. Son un manual de instrucciones para el peor escenario posible. Cuando uno firma un crédito y pone una garantía sobre la mesa —sea una hipoteca sobre su casa, la prenda sobre su auto o la firma de un fiador que, pobre iluso, confía en su palabra—, está haciendo algo más que pedir guita. Está escribiendo el final de la película en caso de que las cosas salgan mal.
La garantía es, sencillamente, el Plan B que el acreedor exige porque, a diferencia del deudor, su negocio se basa en la desconfianza metódica. No es personal. Es estadística. Sabe que un porcentaje de las promesas de pago se evaporarán en el aire, y necesita algo sólido a lo que aferrarse. La garantía es ese algo. Al firmar, el deudor no solo se compromete a devolver el dinero; también otorga un poder explícito al acreedor para que, ante el primer tropiezo, se sirva directamente del bien garantizado. Es una cesión de derechos condicionada al incumplimiento.
El concepto de “sin previo aviso” causa estupor, pero es una de las grandes ficciones del deudor. El aviso fue dado, estampado y rubricado el día de la firma. Cada cláusula que detalla las consecuencias de la mora es un aviso. Creer que, llegado el momento, alguien llamará por teléfono con voz compasiva para preguntar qué ha pasado es una fantasía. El sistema está diseñado para ser eficiente, no para ser amable. La eficiencia, en este caso, significa activar la ejecución en el preciso instante en que la condición —la falta de pago— se cumple. El contrato es el único aviso que importa.
La Perspectiva del Acreedor: Recuperar lo Propio no es un Capricho
Desde el otro lado del mostrador, la visión es radicalmente distinta. El acreedor, generalmente una entidad financiera, no está ejecutando una venganza. Está gestionando un riesgo que se materializó. El dinero que prestó no crecía en los árboles de su jardín; pertenecía a otros, a sus depositantes, y tiene la obligación fiduciaria de recuperarlo. La ejecución de la garantía no es una opción, es una obligación de manual.
El proceso es metódico, casi quirúrgico. Primero, se verifica objetivamente el incumplimiento. Esto suele ser insultantemente simple: la cuota no fue pagada en la fecha pactada. Aquí entra en juego la “mora automática”, un principio legal exquisito que establece que el mero paso del tiempo es suficiente para que el deudor esté en falta. No se requiere una carta documento, ni una intimación, ni un llamado a la reflexión. La fecha de vencimiento en el calendario es la única notificación necesaria. El contrato lo decía claramente, pero leer contratos parece un pasatiempo en extinción.
Una vez constatada la mora, el acreedor desempolva el contrato y sigue las instrucciones que él mismo redactó y el deudor aceptó. Si la garantía es una hipoteca, iniciará un juicio ejecutivo hipotecario. Si es una prenda, un secuestro prendario. Cada tipo de garantía tiene su propio carril procesal, diseñado para ser más rápido y expeditivo que un juicio ordinario. Porque, y esta es otra verdad incómoda, el sistema legal protege la certeza del crédito. Se asume que la deuda es real y que el derecho del acreedor a cobrar es legítimo. La carga de demostrar lo contrario recae, con todo su peso, sobre los hombros del deudor.
El consejo para el acreedor es simple: sea una máquina. Siga el procedimiento al pie de la letra. Documente cada paso. Archive cada papel. Cualquier error, por mínimo que sea —una notificación mal diligenciada, un cálculo de intereses que no se ajusta a lo pactado—, es una ventana que el abogado del deudor usará para embarrar la cancha, dilatar los plazos y convertir un trámite de meses en un calvario de años. Su fortaleza no es moral, es procesal.
La Perspectiva del Deudor: Crónica de una Ejecución Anunciada
Para el deudor, la llegada del oficial de justicia suele ser un balde de agua fría. De repente, el problema abstracto de “deber plata” se convierte en la amenaza concreta de perder el auto o la casa. La reacción inicial es de incredulidad y una profunda sensación de injusticia. “¡Pero si no me avisaron!”, es el grito de guerra. Un grito que se estrella contra el muro de la realidad contractual.
Como se ha dicho, el aviso fue el contrato. El problema es que la firma se estampa con la euforia del crédito obtenido, no con la sombría previsión del desastre. Las defensas legales del deudor, hay que decirlo, son limitadas y de una complejidad técnica que abruma. No basta con alegar que “la cuota se volvió impagable” o que “hubo una crisis”. El sistema judicial tiene poca paciencia para las lamentaciones económicas. Las defensas válidas son específicas: inexistencia de la deuda (probar que se pagó), prescripción (si el acreedor dejó pasar demasiado tiempo para reclamar), o vicios formales en el procedimiento de ejecución del acreedor.
Aquí está la única luz de esperanza, por tenue que sea: auditar el accionar del acreedor. ¿Calculó bien los intereses? ¿Cumplió con todos los requisitos del tipo de ejecución que inició? ¿El título que presenta es válido? Es una batalla técnica, no una discusión sobre lo que es “justo”. Se trata de buscar fisuras en la armadura del acreedor, no de apelar a su buen corazón. El buen corazón no figura en ningún código legal.
Otra vía es el ataque a las cláusulas abusivas. Si se puede demostrar que el contrato contenía cláusulas que generaban un desequilibrio flagrante en contra del consumidor, un juez podría anularlas. Pero es una pelea cuesta arriba, que requiere una pila de pruebas y un argumento legal sólido. No es para cualquiera y, ciertamente, no es una solución mágica.
Consejos desde la Trinchera: Verdades Incómodas para Llevar
Tras años viendo estos dramas contractuales, uno llega a conclusiones que, por obvias, resultan casi ofensivas. Pero aquí están, despojadas de toda pátina de optimismo.
Para el futuro deudor (o el actual, antes de la tormenta): Lea. Lea lo que va a firmar. Si no entiende algo, no firme. Contrate a alguien que entienda, aunque le duela el bolsillo. Ese gasto es una inversión contra la ruina futura. La prevención es aburrida y poco heroica, pero es lo único que funciona. Si ya está en problemas pero aún no ha incumplido, negocie. Acérquese al acreedor con un plan. Es infinitamente mejor discutir los términos de pie que de rodillas. Una vez que cae en mora, pierde casi toda su capacidad de negociación.
Para el deudor ya ejecutado: El tiempo es su peor enemigo. Cada día que pasa sin asesoramiento legal es un clavo más en su propio ataúd financiero. Busque un abogado especialista, no un generalista. Su objetivo no es revertir el tiempo, sino encontrar errores procesales en la demanda del acreedor. Es su única defensa real. Prepárese para una batalla larga y cara, y entienda que sus probabilidades son, siendo generosos, escasas. La meta es, a menudo, ganar tiempo para encontrar una solución de fondo o forzar una negociación en mejores condiciones.
Para el acreedor: La prolijidad es su dios. Un expediente impecable es un juicio ganado. No subestime al deudor ni a su abogado. Un pequeño error formal puede costarle años de litigio y miles de pesos en honorarios. Sea metódico, implacable y, sobre todo, aburridamente apegado a la norma. La pasión y la prisa son malas consejeras. Su poder reside en el cumplimiento estricto del procedimiento.
Al final del día, la ejecución de una garantía es el momento en que un sistema abstracto de reglas y promesas se vuelve brutalmente concreto. No hay buenos ni malos, solo partes que juegan un rol preestablecido en un guion que firmaron de común acuerdo. Entenderlo no hace el trago más dulce, pero al menos evita la sorpresa. Y en este juego, la sorpresa siempre, siempre, juega en contra.
