Cierre Unilateral de Cuentas Bancarias: El Contrato y la Realidad
El Principio de la Autonomía de la Voluntad (Versión Bancaria)
Uno se despierta una mañana, intenta pagar el café con la tarjeta de débito y el sistema responde con esa negativa silenciosa y terminal. O quizás, el home banking nos saluda con un cartel que parece escrito por un burócrata existencialista: “Contacte a su oficial de cuentas”. Ahí empieza un viaje kafkiano que suele terminar con una revelación asombrosa: el banco ha decidido, con la misma emoción con la que uno elige el sabor de un helado, que ya no desea nuestra compañía. Y nos ha cerrado la cuenta.
La primera reacción es la indignación. La segunda, la búsqueda de un culpable. La tercera, una lección de humildad contractual. Porque, en el fondo de todo este lío, yace un principio legal tan elegante como brutal: la autonomía de la voluntad. Traducido del latín jurídico al criollo, significa que así como uno es libre de elegir en qué banco depositar su confianza y sus magros ahorros, el banco es igualmente libre de decidir que prefiere no tenernos como clientes. Es un contrato, no un matrimonio por la iglesia. Y como en cualquier relación comercial, las partes pueden decidir terminarla.
Claro que el banco no es un quiosco que decide no fiarnos más. Su decisión se viste con un ropaje de seriedad y procedimiento. Invocará cláusulas del contrato de adhesión que firmamos sin leer el día que abrimos la cuenta, ese mismo que aceptamos con un clic mientras pensábamos en otra cosa. Cláusulas que, convenientemente, le otorgan la potestad de rescindir el vínculo de forma unilateral, mediando un preaviso. Un preaviso que a veces llega en forma de carta documento que se pierde en el correo, y a veces, en la práctica, es tan útil como un cenicero en un auto nuevo.
Esta facultad no es un capricho absoluto. Tiene sus raíces en una lógica de negocios y, sobre todo, en una pila de regulaciones que convierten a cada entidad financiera en un agente de policía aduanera sin uniforme. El banco no solo gestiona nuestro dinero; está legalmente obligado a vigilarlo.
La Maquinaria Regulatoria: Cuando el ‘Porqué’ es un Algoritmo
Cuando un cliente pregunta “¿por qué me cerraron la cuenta?”, espera una respuesta concreta. “Usted hizo esto, esto y aquello”. Pero la respuesta del banco suele ser un laberinto de evasivas: “decisión comercial”, “políticas internas de riesgo”, “análisis de perfil”. Este lenguaje deliberadamente vago no es (solo) mala voluntad. Es una estrategia de supervivencia legal.
Los bancos son “sujetos obligados” ante los organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF) o su equivalente local. Esto significa que tienen la obligación legal de conocer a sus clientes (proceso conocido como KYC o “Know Your Customer”), monitorear sus operaciones y reportar cualquier cosa que huela raro. Un “Reporte de Operación Sospechosa” (ROS) no es una acusación formal, es un “por si acaso” que el banco envía al Estado para cubrirse las espaldas. Acumular varios de estos reportes nos convierte en un cliente de alto riesgo.
¿Y qué es “raro” para un banco? Cualquier cosa que se salga del patrón que declaramos. Si dijimos que somos monotributistas categoría C y de repente recibimos una transferencia de seis cifras desde un paraíso fiscal, las alarmas internas no solo suenan: estallan. Si movemos mucho efectivo, si hacemos operaciones fraccionadas para evitar controles, si nuestra actividad no se condice con nuestro perfil socioeconómico. El problema es que los sistemas de monitoreo son automáticos y, a veces, un poco torpes. Una herencia, la venta de un auto o una operación comercial perfectamente legítima pueden activar las mismas alertas que una maniobra de lavado de dinero.
El banco, ante la duda, prefiere cortar por lo sano. Investigar a fondo a un cliente cuesta tiempo y recursos. Mantener a un cliente “riesgoso” en la cartera implica una posible inspección, multas millonarias y un dolor de cabeza para el departamento de Cumplimiento Normativo. ¿La solución más eficiente y económica? Rescindir el contrato. El cierre de la cuenta es, en muchos casos, una decisión de negocios basada en un cálculo de riesgo-beneficio. Su pequeño saldo no justifica el potencial quilombo. No es personal, es estadística.
El Cliente Desconcertado: Manual de Supervivencia sin Falsas Esperanzas
Ahora que entendemos la lógica glacial del sistema, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie, despojado de su CBU? Lo primero es mantener la calma. Discutir con el gerente de la sucursal es inútil; es la última persona en la cadena de mando con poder de decisión real sobre este tema. La orden viene de una oficina central, probablemente de gente que nunca vio nuestro rostro.
El camino formal existe, aunque sus resultados son inciertos. El primer paso es presentar un reclamo formal y por escrito ante el propio banco, exigiendo que se expliciten las causas del cierre. La respuesta, como anticipamos, será probablemente genérica. El segundo paso es elevar el reclamo al Defensor del Cliente Bancario o figura similar, un ente que media en estos conflictos. Finalmente, queda la vía del reclamo ante el Banco Central o la autoridad de supervisión financiera.
Aquí viene la parte interesante. Estas entidades pueden intimar al banco a que justifique su accionar y a que cumpla con el procedimiento, como el preaviso mínimo (que suele ser de 60 días, según la normativa). Sin embargo, rara vez pueden obligar a un banco a reabrir una cuenta cerrada. ¿Por qué? Porque volvemos al principio: la autonomía de la voluntad. El supervisor puede multar al banco si no cumplió con las formas, pero no puede forzarlo a mantener una relación comercial que no desea, siempre que la causa no sea discriminatoria por motivos prohibidos (raza, religión, género, etc.). Probar una discriminación de este tipo es, por supuesto, extremadamente difícil.
La Verdad Incómoda: Usted Firmó Esto
El consejo legal más honesto en estos casos es también el más desmoralizador. Para el banco “acusado” de cerrar una cuenta, la defensa es simple: mostrar el contrato firmado, las cláusulas de rescisión, el registro del preaviso enviado (aunque no haya llegado) y, si la cosa se pone seria, un informe interno de riesgo que justifique su “decisión comercial”. No necesita probar que el cliente es un delincuente; solo necesita probar que el cliente es, para sus parámetros, un riesgo que no quiere asumir.
Para el cliente “acusador”, el panorama es más complejo. Su mejor estrategia es enfocarse en los vicios de procedimiento. ¿El banco no respetó el preaviso? ¿No le permitió retirar sus fondos de manera ordenada? ¿La comunicación fue deficiente o nula? Estos incumplimientos pueden dar lugar a una indemnización por los daños y perjuicios concretos que el cierre intempestivo haya causado. Por ejemplo, si un cheque fue rechazado por el cierre sorpresivo, generando costos y afectando su historial crediticio. Se litiga por las consecuencias del cierre, no por el cierre en sí mismo.
La revelación final, esa que nadie quiere escuchar en medio de la crisis, es que el sistema está diseñado de esta manera. La relación con un banco se parece cada vez menos a un servicio y cada vez más a un privilegio condicional. Aceptamos ser vigilados a cambio de practicidad. Cedemos una porción enorme de nuestra privacidad a cambio de una tarjeta de plástico y una app en el celular. Y en ese pacto implícito, aceptamos también la posibilidad de que, un día, sin un porqué del todo claro, el sistema decida que ya no somos parte del club.
La solución no es enojarse con el banco, sino entender las reglas del juego. Mantener un perfil coherente con lo declarado, tener la documentación que respalde operaciones importantes a mano y, quizás lo más importante, no poner todos los huevos financieros en la misma canasta. Porque al final del día, el banco no es nuestro amigo. Es nuestro proveedor de un servicio, y como tal, se reserva el derecho de admisión.
