Denuncia penal por compras de insumos COVID con sobreprecios
El arte de comprar caro en nombre de la urgencia
Parece una verdad de Perogrullo, pero en medio de una emergencia sanitaria, lo esperable es que un Estado optimice cada recurso. Que cada peso se invierta con la precisión de un cirujano. Sin embargo, la realidad a menudo tiene otros planes, o más bien, otros ejecutores. Una denuncia penal que avanza en los tribunales expone una trama que, de tan repetida, casi pierde su capacidad de asombrar. Se trata de la compra de insumos críticos durante los momentos más álgidos de la pandemia de COVID-19 por parte de funcionarios del Ministerio de Salud.
El eje de la acusación es simple y contundente: se pagaron sobreprecios exorbitantes. El objeto del deseo eran barbijos de alta eficiencia (los célebres N95), alcohol en gel y otros elementos de protección personal. Productos que, de un día para el otro, se volvieron tan esenciales como el aire. La investigación judicial, impulsada por organismos de control, detectó que el Estado pagó por estos insumos precios varias veces superiores a los valores de referencia del mercado, incluso considerando el contexto de alta demanda global. La justificación oficial, previsible, se refugió en el caos del momento, en la necesidad de actuar con celeridad. Un argumento que suena lógico, hasta que uno observa a quiénes benefició esa prisa y esa aparente falta de criterio para manejar la plata de todos.
El proveedor ideal: recién llegado y bien conectado
El libreto de estas maniobras suele tener personajes recurrentes. En este caso, el foco se posa sobre las empresas adjudicatarias de estos contratos millonarios. Lejos de ser laboratorios de trayectoria o distribuidoras médicas consolidadas, el expediente revela un desfile de sociedades con perfiles, cuanto menos, curiosos. Firmas constituidas poco tiempo antes de que se desatara la pandemia, empresas cuyo objeto social era ajeno al rubro de la salud —desde la construcción hasta la organización de eventos— y que, por un golpe de videncia empresarial, decidieron incursionar en la importación de barbijos justo a tiempo.
Este fenómeno no es magia, es gestión. La contratación directa, habilitada por los decretos de necesidad y urgencia, se convirtió en la herramienta predilecta. Un atajo legal que elimina la competencia y permite al funcionario de turno elegir a dedo al proveedor. La investigación busca determinar si esa elección fue casual o causal. Si la falta de antecedentes de las empresas seleccionadas fue una simple negligencia o la condición necesaria para facilitar un acuerdo beneficioso para todas las partes, excepto para el erario público. Es el triunfo del networking sobre la experiencia, del contacto oportuno sobre la capacidad probada. Un modelo de negocios tan viejo como el propio Estado.
La matemática creativa de los precios de referencia
Para entender la magnitud del posible fraude, no hace falta ser un experto en finanzas. Basta con saber sumar y restar. Los organismos de control utilizan un concepto clave: el precio testigo o de referencia. Es un valor que se establece a partir de consultas en el mercado, compras anteriores y cotizaciones de otros entes públicos. Sirve como un ancla para no comprar un auto a precio de avión. En las operaciones investigadas, este ancla parece haberse soltado deliberadamente.
Los informes periciales que constan en la causa son elocuentes. Muestran, por ejemplo, barbijos N95 adquiridos a un precio que triplicaba o cuadruplicaba el valor que pagaban otros organismos del propio Estado en la misma semana. Se pagaba por un barbijo el valor de una caja entera. Esta disonancia no se explica por la volatilidad del mercado internacional, sino que apunta a una decisión consciente de aceptar cotizaciones infladas. Es una suerte de alquimia administrativa donde un producto de costo conocido se transforma en un bien de lujo simplemente por llevar el sello de una orden de compra oficial. La pregunta que flota en el aire no es si se podía conseguir más barato, sino por qué se eligió, activamente, el camino más caro.
Consecuencias: un expediente y la memoria selectiva
Hoy, todo esto es un expediente judicial. Un conjunto de cuerpos, folios y pericias que avanzan con la parsimonia característica de la justicia. Los ex funcionarios implicados, como es costumbre, apelan a la defensa de las buenas intenciones. “Actuamos bajo una presión inédita”, “había que salvar vidas y no había tiempo para la burocracia”, “el mundo entero se peleaba por los mismos insumos”. Son frases que conforman un escudo retórico diseñado para diluir la responsabilidad individual en la niebla de la crisis colectiva.
Pero los números son tercos. Y la evidencia de un posible direccionamiento y de sobreprecios difícilmente puede justificarse con la urgencia. El verdadero costo de estas operaciones no se mide solo en la pila de billetes malgastados, que podrían haberse destinado a más respiradores, más personal de salud o mejores infraestructuras. El costo más profundo es la erosión de la confianza. Es la confirmación, para muchos, de que ni siquiera una tragedia de escala planetaria es capaz de poner en pausa la maquinaria de la avivada. Es, en definitiva, otro capítulo de la saga de «pasaron cosas», recordándonos que la emergencia, para algunos, es sobre todo una extraordinaria oportunidad.
