Alteración de balances para obtener créditos: el arte de la ficción

La falsificación de estados contables para acceder a financiamiento constituye un delito con consecuencias legales y patrimoniales para directores y empresas.
Un balancín, con un lado cargado de pesas (representando activos) y el otro lado vacío (representando pasivos), siendo empujado con fuerza por un gran martillo de juguete. Representa: Alteración de balances para obtener créditos

El escenario: una comedia de enredos con consecuencias reales

Hay un guion que se repite con una monotonía admirable en el mundo empresario. Acto uno: una compañía necesita una pila de plata. Ya sea para zafar de un apuro, para una expansión que suena brillante en una presentación de PowerPoint o simplemente para mantener a flote un auto que ya tiene el motor fundido. El banco, esa entidad tan pragmática, pide ver los números. Acto dos: los números reales no son precisamente una obra de arte. Se parecen más a un cuadro pintado con desesperación. Es entonces cuando surge la tentación, esa idea luminosa que se presenta como una genialidad estratégica: ‘dibujar’ el balance.

‘Dibujar’, ‘maquillar’, ‘embellecer’. Usamos eufemismos simpáticos para describir lo que no es otra cosa que una mentira documentada. Consiste, para quien no frecuenta estos ambientes, en inflar los activos y esconder los pasivos. De repente, el stock de mercadería que junta polvo en un galpón vale el doble. Las cuentas por cobrar a clientes que sabemos insolventes se presentan como dinero a punto de ingresar. Las deudas con proveedores se ‘olvidan’ convenientemente en un cajón. El resultado es una fotografía preciosa, un balance robusto que cualquier oficial de crédito aprobaría con una sonrisa. Una ficción.

El problema es que esta ficción está tipificada en la ley. No es una picardía, es un delito. La Ley General de Sociedades, en su artículo 300, inciso 3, es bastante clara al respecto. Fundar una sociedad o aumentar su capital aparentando un capital mayor al real; publicar o autorizar un balance, cuenta de ganancias y pérdidas o informes falsos o incompletos. La pena no es una multa simbólica, es de prisión. Y apunta directamente a los fundadores, directores, administradores, síndicos y liquidadores. Es decir, a todos los que pusieron el gancho en el papel creyendo que era un mero trámite. Se asume, con una lógica aplastante, que quien dirige una empresa sabe lo que firma. O, al menos, debería saberlo.

Así, la comedia de enredos donde todos se hacen los distraídos se transforma, sin previo aviso, en un drama judicial. El crédito obtenido se convierte en el anzuelo. Y lo que parecía una solución ingeniosa revela su verdadera naturaleza: un problema exponencialmente mayor al que se intentaba resolver.

La defensa del acusado: manual de supervivencia en el fango

Cuando el castillo de naipes se derrumba y la citación judicial llega al domicilio, comienza el segundo acto de nuestra obra: el de las excusas. La estrategia de defensa de quien firmó un balance falso suele transitar por caminos predecibles, casi arquetípicos. El primero, y el más recurrente, es el de la ignorancia selectiva. El director, de pronto, se convierte en un mero espectador de su propia gestión. ‘Yo de números no entiendo nada, para eso le pago a un contador’, es la frase que resuena en los pasillos de tribunales.

Esta defensa intenta trasladar toda la responsabilidad al profesional contable, presentándolo como el autor intelectual y material del fraude. El director se victimiza, se muestra como alguien que confió ciegamente y fue traicionado. Es una estrategia con pocas chances de prosperar. La ley y la jurisprudencia entienden que el deber de un administrador es, precisamente, administrar. Y administrar implica supervisar, controlar y comprender la información esencial de la compañía, como lo es un estado contable. Firmar un balance no es como firmar un autógrafo; es un acto de ratificación que conlleva responsabilidad. Alegar la propia torpeza o desinterés no suele ser un argumento exculpatorio eficaz.

El segundo camino es más sutil. Se argumenta que no hubo ‘dolo’, es decir, la intención de engañar. Se habla de ‘errores de valuación’, ‘diferencias de criterio contable’, ‘interpretaciones optimistas’ de la realidad. Se intenta transformar el fraude en un simple error técnico. Aquí la discusión se vuelve más técnica. La defensa buscará peritos contables que sostengan que las cifras, si bien no eran exactas, entraban en el terreno de lo ‘razonable’ o ‘discutible’. El objetivo es sembrar la duda. Demostrar que no hubo una voluntad deliberada de falsear la información para perjudicar a un tercero, sino una simple equivocación. Es una línea de defensa más sofisticada, pero que se desmorona cuando las ‘diferencias de criterio’ son groseras, sistemáticas y, casualmente, siempre a favor de la empresa.

La ofensiva del acusador: cómo desarmar el castillo de naipes

Del otro lado del mostrador, la tarea del acusador —sea el banco estafado, un socio o un síndico de la quiebra— es justamente la opuesta: demostrar que la ficción fue deliberada. La herramienta principal no es la retórica, sino la evidencia. Y la evidencia reina es la pericia contable. Un perito contador designado por el juez se sumergirá en los libros de la empresa y los contrastará con la realidad. Su trabajo es metódico y demoledor.

¿El balance dice que hay un inventario de mil unidades de un producto? El perito irá al depósito y contará. ¿Dice que hay cuentas por cobrar por un millón? Se enviarán ‘circulares’ a esos supuestos deudores para que confirmen la deuda. La mayoría de las veces, o la deuda no existe o ya fue pagada o el deudor es insolvente desde hace años. ¿No figuran deudas importantes? Se revisarán los extractos bancarios, los correos electrónicos, los reclamos de los proveedores. La contabilidad, cuando es honesta, deja un rastro coherente. Cuando es fraudulenta, las inconsistencias aparecen por todas partes.

El objetivo del acusador es probar dos cosas. Primero, la falsedad objetiva: que los números del balance no se corresponden con la realidad. Esto suele ser la parte más sencilla. Segundo, y más importante, el dolo: que esa falsedad fue intencional. Esto se infiere de la magnitud y la naturaleza de las alteraciones. No es lo mismo un pequeño error de cálculo que la omisión de un juicio millonario en contra o la invención de activos que representan el 50% del patrimonio. Cuando las ‘equivocaciones’ son tan burdas y convenientes, la excusa del error se cae por su propio peso. El acusador no necesita una confesión; necesita mostrarle al juez que la única explicación lógica para semejante descalabro contable es la voluntad de engañar.

Verdades incómodas que nadie quiere escuchar

Llegamos al epílogo, a las reflexiones que suelen hacerse en voz baja. La primera verdad incómoda es que un balance no es solo un conjunto de números. Es una declaración de principios, un pacto de confianza con el mercado. Alterarlo no es una falta administrativa, es una traición a esa confianza. Y esa traición, tarde o temprano, se paga. La reputación, una vez perdida, es casi imposible de recuperar.

La segunda verdad es que rara vez se trata de la obra de un genio solitario. Detrás de un balance falso suele haber una cadena de complicidades, activas o pasivas. Está el contador que, por lealtad mal entendida o por temor a perder un cliente importante, ‘flexibiliza’ su criterio profesional. Está el auditor externo que realiza una revisión superficial, emite un informe favorable sin hacer demasiadas preguntas y cobra sus honorarios. La ética profesional a veces demuestra tener una elasticidad sorprendente cuando se la presiona con un fajo de billetes.

La tercera, y quizás la más relevante, es que el delito de balance falso casi nunca es un acto de astucia criminal. Es, en la mayoría de los casos, un acto de desesperación. Nace de la incapacidad de aceptar un fracaso empresarial. Se cree, con una ingenuidad conmovedora, que una inyección de capital obtenida con engaños podrá revertir una tendencia negativa estructural. Es el equivalente a tapar una gotera en el techo durante un huracán. El alivio es momentáneo y la catástrofe final, inevitable. La deuda se suma a la deuda, y ahora, además, hay un proceso penal que amenaza con llevarse puesto no solo el patrimonio, sino también la libertad.

Al final del día, el gran engañado es el propio empresario. Se convence a sí mismo de que su ficción es una solución temporal, un atajo inteligente. No comprende que desde el momento en que firma ese documento adulterado, deja de ser el capitán de su barco para convertirse en un simple tripulante a la deriva, esperando que la tormenta que él mismo desató no lo hunda. Es una apuesta que casi siempre sale mal. Y lo más irónico de todo es que el resultado es perfectamente predecible.